La oposición

   
 

En 1982 el PRT propone por primera vez a una mujer a la candidatura a la presidencia: la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra. Tomado de: AGN, Archivo Fotográfico Hermanos May, Alfabético General, sobre 4,357.

   
 

La existencia del partido de Estado permitió un referente a las distintas fuerzas políticas y tenemos entonces que los partidos que se estructuran entre fines de la década de los años treinta hasta finales de los noventa tomarán las siguientes tendencias:

   
 
 

 

   
 

A.

Partidos de oposición, con programas para llegar al poder, sea federal, estatal o municipal, así como obtener escaños en el Congreso.

 
 

B.

Partidos formados por coaliciones. Estos se integran a partir de la alianza de partidos con registro, fuerzas políticas disidentes de otros así como de partidos pequeños sin registro formal.

 
 

C.

Partidos sin registro. Desarrollados a partir de los años setenta, son partidos pequeños, los cuales no tienen el número de militantes necesario para subsistir por sí mismos. En muchos casos, estos se asocian con otros de tendencia ideológica semejante para crear alianzas o nuevos partidos.

 
 

D.

Partidos clandestinos, son partidos de oposición que se presentan sin registro legal y en ocasiones se les declara fuera de la ley.

 
 

 

   
 

 

 

Entre 1940 y el 2000 han existido por lo menos 18 partidos con estas características, sin contar con el partido oficial así como de otros que no se consolidaron como opciones políticas.

 

 

 

En este breve espacio es imposible dar los pormenores de cada uno de ellos, sin embargo, destacaremos uno correspondiente a cada una de las caracterizaciones mencionadas.

   
 

Dentro de los primeros tenemos al Partido Acción Nacional, fundado en 1939. Su creador Manuel Gómez Morín planteaba que tenía como objetivo la actividad cívica organizada y permanente: «la intervención activa en todos los aspectos de la vida pública de México, para lograr el reconocimiento del interés nacional sobre cualquier interés parcial; el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana, y la subordinación de cualquier actividad individual o del Estado a la realización del Bien Común».

   
 
           
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