Francia en los últimos días del Antiguo Régimen

En 1789, el territorio de Francia era más o menos el hexágono que es actualmente. Después de Rusia, era el país más poblado de Europa, con aproximadamente 26 millones de habitantes que –según la región donde viviesen- conservaban tradiciones y costumbres diversas y además hablaban francés, bretón, flamenco, alsaciano, provenzal, y otras lenguas.

La unidad de Francia se derivaba sobre todo del gobierno monárquico absolutista que en ese momento se concentraba en la figura del rey Luis XVI, y cuya autoridad y actuación política  se justificaban con base en la doctrina del derecho divino. El mandato del rey era, de hecho, la ley en un territorio donde los Estados Generales no se habían reunido desde 1614 y donde la impartición de justicia estaba a merced de jueces corruptos que compraban o heredaban sus títulos y, además, las prácticas jurídicas variaban de un lugar a otro. Sin embargo, el poder del rey estaba limitado por los privilegios que detentaban el alto clero y la alta nobleza, siendo ésta el estamento al cual pertenecían los miembros de la Corte, los secretarios de Estado, los consejeros y otros funcionarios de alto rango.

La sociedad francesa se agrupaba por estamentos, conforme a la tradición feudal. Cada uno de ellos se diferenciaba de los otros por tener un código de leyes propias, que concedían derechos y privilegios hereditarios al alto clero y la alta nobleza, en tanto que al común del pueblo sólo le imponía deberes.

Con base en esa estructura, el alto clero- integrado por arzobispos, obispos y abades, entre otros-  tenía en sus manos el control de las instituciones educativas, el culto religioso y  la prensa. Poseía al menos 10% de las tierras, las cuales rentaba y pudo acumular por compra o por donación, sin poder enajenarlas. Tenía sus propios tribunales, cobraba diezmos, y estaba exento del pago de impuestos. El bajo clero –compuesto de curas y vicarios- percibía un ingreso modesto,  vivía en condiciones de pobreza, estaba más en contacto con los grupos marginados y casi no tenía influencia en la política. El clero contaba con aproximadamente ciento veinte mil miembros en el momento en que estalló la lucha revolucionaria.

La nobleza, en cambio, proyectaba su posición social dominante por los títulos nobiliarios que le eran otorgados por honor o por méritos, junto con el derecho exclusivo para ocupar  cargos político-administrativos y militares, la exención del pago directo de cualquier tipo de impuestos, el privilegio de poseer sus propios tribunales de justicia, así como bienes raíces que logró acumular (algo más del 20% de las  tierras, en total) gracias a un derecho sucesorio que le permitía adquirirlos por dote, sucesión o compra, al tiempo que le impedía la venta de los mismos. Esos bienes podían ser heredados al primogénito y eran el principal sustento del poder de la nobleza provinciana y base de los derechos feudales y señoriales que imponía a la población rural. Otra era la llamada nobleza de toga, encargada de la administración pública y de la justicia, conformada en gran medida por burgueses ricos que habían logrado comprar los cargos y hacerlos hereditarios. Un grupo más de la nobleza era el que residía en Versalles, y formaba parte de la corte del rey. La nobleza estaba constituida por 400 000 personas, aproximadamente.

El Tercer Estado, o estado llano, incluía al resto de la sociedad francesa (casi el 97% de la población) y era aún menos uniforme que los otros estamentos. En él se incluía a ricos  financieros y banqueros, artesanos, comerciantes, funcionarios menores, profesionistas, campesinos libres propietarios de pequeñas parcelas, arrendatarios de tierras, jornaleros, y siervos que todavía vivían bajo el dominio de la nobleza feudal obligados a pagar derechos feudales. En el Tercer Estado recaía la obligación de pagar impuestos al Estado, a la nobleza y  el diezmo a la Iglesia.

Un poco antes de que estallara la lucha revolucionaria, el Antiguo Régimen ya vivía sus primeros signos de debilidad a causa de las transformaciones económicas  provocadas por el auge comercial colonial y el incipiente desarrollo industrial en el sector textil, minero y metalúrgico. Los beneficios de aquel se manifestaban en el creciente enriquecimiento de la burguesía francesa, que a pesar de ello veía limitados sus intereses por la organización política y social ya descritas.

Para la burguesía adinerada era necesario modificar el orden político y social, de tal manera que pudiese controlar la administración o participar en el gobierno para emprender una reforma social que le permitiera acabar con los privilegios de clero y la nobleza, las restricciones económicas impuestas por el absolutismo, las cargas fiscales,  la propiedad feudal de la tierra, el poder de la Iglesia y toda estructura o institución contraria a sus afanes. Estos serían justificados con base en el ideario liberal propagado  por los ideólogos de la Ilustración y en nombre del cual defendería los principios de libertad, soberanía y división de poderes, igualdad ante la ley, derecho a la propiedad,  libertad de reunión, etc. Las pretensiones de la burguesía se conjugaban con las necesidades y deseos de los sectores sociales más pobres: el deseo de obtener tierras y mayores ingresos, o de ser liberados de los derechos feudales y las cargas fiscales, la necesidad de que se mantuviera la estabilidad de los precios del grano y otros productos agrícolas, así como el seguro aprovisionamiento de los mercados, por ejemplo.

En ese marco de intereses, necesidades e inquietudes comenzó a desarrollarse una crisis económica y financiera que aceleró las contradicciones socioeconómicas existentes, lo cual desencadenó la lucha revolucionaria que  llevaría al Antiguo Régimen a la ruina. La crisis, que tuvo su  momento coyuntural  en 1787 -cuando el déficit presupuestal del gobierno era del 20%- era el resultado de una suma de factores diversos: el derroche de los recursos por parte del monarca, su familia y su Corte; la construcción de obras públicas; los gastos ocasionados por la ayuda económica y militar a la lucha por la independencia de las trece colonias británicas del norte de América; el incumplimiento del pago de la deuda contraída con los banqueros, con la consecuente negativa de éstos a otorgar nuevos préstamos; la carestía y escasez de artículos de primera necesidad y el alza de precios de los mismos, y en general,  la crisis agrícola ocasionados por factores climáticos.

La crisis de subsistencia aceleraría el descontento y la agitación de una amplia capa social –principalmente la de los más pobres. Más aún cuando el gobierno quiso solucionar la grave situación financiera mediante una serie de reformas económicas que pretendían sanear los problemas de la Hacienda al establecer nuevas cargas fiscales que recaerían incluso sobre los estamentos privilegiados. Por supuesto, éstos rechazaron las propuestas de manera casi unánime en la Asamblea de Notables (1787-1788), formada por miembros del alto clero y la alta nobleza convocados por el rey para acordar las reformas necesarias. Poco después, los mismos grupos privilegiados  –sin calcular la dimensión revolucionaria que adquirirían los hechos- solicitaron la reunión de los Estados Generales para convenir las medidas de solución posibles.